¿Ciudadanos con derechos o mercancías desechables?

(Por María Jesusa Izaguirre, licenciada en Economía).- De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos” solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos… eliminando todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades reconociendo que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”.

En concordancia con todo esto el gobierno de Cambiemos, al menos en la teoría, oficializó en mayo de 2017 su adhesión a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo hizo a través del Decreto 375/2015, que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la canciller Susana Malcorra. El tratado, adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue firmado por Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. El primer artículo de la Convención prescribe su objeto: “Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad y dentro de sus puntos establece: “La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna”.

Es evidente que ninguno de estos derechos a los que adhirió este gobierno son respetados ya que las condiciones de vida de los jubilados empeoran día a día. En nuestro país hay siete millones de jubilados y pensionados, un millón y medio de Pensiones No Contributivas y por Adulto Mayor, cuatro millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y más de 5 millones de asignaciones familiares, representando los jubilados y pensionados el 40% del gasto social ($ 767.883,8 millones según el presupuesto 2017). Con la fórmula de movilidad jubilatoria anterior, los jubilados habrían recibido en marzo una suba de 14,5%, lo que implica una diferencia de hasta 8,8% con el 5,71% que finalmente recibieron, sin contar el plus que Elisa Carrió le reclamó a Mauricio Macri para el 72% de los beneficiarios (los que cobran la mínima) y por supuesto por única vez. Ese bono se pagó para que no haya un “retroceso real” en el poder de compra de los jubilados. Y como frutilla del postre la maxi devaluación de junio de este año dejó un saldo trágico para nuestros jubilados. El salto del dólar de 20 a 25 pesos, generó una estrepitosa caída de la jubilación mínima que pasó de 383 a 306 dólares, es decir que en tan solo dos semanas los jubilados cobran un 20% menos. Y tengamos en cuenta que tal proceso continua ya que el dólar oscila en los 28 pesos y la inflación no para de crecer.

Según los cálculos del economista Nicolás Trotta desde la asunción de esta gestión de gobierno la inflación para los sectores más vulnerables creció un 127% mientras que las jubilaciones aumentaron solo el 88%. Por lo tanto no solo perdieron casi el 9% por el cambio del la fórmula de movilidad sino también otro 39% por el aumento de la inflación desde diciembre de 2015. El monto de las jubilaciones que el gobierno llevó adelante con el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, la pérdida diaria frente a inflación y las constantes devaluaciones, conforman el combo perfecto para que los jubilados deban volcarse inexorablemente a tomar préstamos y endeudarse a tasas usurarias para vivir. De hecho, el 80% de los jubilados no logran cubrir su canasta básica. La salida que se propone desde el gobierno son los préstamos Argenta con intereses exorbitantes (a 24 meses 39,59% de interés, a 48 meses 36,66% y a 60 meses 36,69%). A la hora de solicitar un préstamo, los jubilados y quienes cobran la Asignación Universal por Hijo se enfrentan a intereses del 36% anual, muy por arriba de la inflación que según las metas oficiales seria del 15%. Pero las autoridades de ANSES parecen estar muy orgullosos de colaborar con los bancos en la usura a nuestros abuelos. Tal como informa el organismo, en el segundo semestre del año pasado, en plena campaña electoral, se asignaron préstamos por 56 mil millones de pesos, un 40% más que los otorgados por el programa desde su creación en julio del año 2012. Esto; que el gobierno presenta como un éxito de gestión, es una triste realidad. Es cierto, los jubilados acuden masivamente a la ANSES para acceder a préstamos, pero es más cierta la tragedia que se esconde detrás: lo hacen para pagar la luz , el gas , los alimentos y medicamentos. Así las políticas de seguridad social se transformaron en políticas de endeudamiento sin fin.

Los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus recomendaciones incluyen el aumento en la edad jubilatoria, la reducción del haber inicial, la modificación de la fórmula de movilidad y como corolario la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Pero el gobierno va por más: un nuevo cambio en la fórmula de movilidad que permita que las jubilaciones no estén atadas al incremento de la inflación ya que está siendo mucho mayor a la prevista y la desaparición del adicional por zona desfavorable tal como ya lo han hecho con las asignaciones familiares recientemente.

El Fondo de Garantía Sustentable fue creado en 2008, cuando se produjo la nacionalización de las AFJP. Está compuesto por activos financieros como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables y colocación de bonos por parte de la ANSES. El 36% de las acciones en empresas corresponden a distintos bancos, el 29% a empresas energéticas, el 16% a telecomunicaciones, el 8% a siderúrgicas, el 3% a empresas alimenticias y el 4% a bienes raíces. Estas participaciones accionarias del Estado en estas empresas significa también que éste posee representantes en el Directorio. En el año 2008 el FGS tenía 22 mil millones de pesos. Diez años después tiene 45 veces más en moneda nacional. La creación del FGS tiene que ver con un resguardo para los jubilados, pensionados y los beneficiarios de la AUH, en caso de que una situación de crisis (fondo anticíclico) no permita continuar con el pago de los haberes. Por eso, la fórmula de movilidad del gobierno anterior y aprobada por el Congreso ató las actualizaciones de los haberes a la recaudación, para garantizar esa sustentabilidad integral del sistema. Más ingresos para el Estado, más beneficios. Además, incluyó un porcentaje referido a las paritarias, para lograr también la solidaridad intergeneracional entre trabajadores pasivos y activos. En definitiva y resumiendo tan solo una parte de los ingresos de ANSES tienen que ver con los aportes de los empleados en actividad. Desde la creación del FGS, ANSES incorporó 1,1 millón de nuevos jubilados (se pasó de 4,2 millones a 5,3 millones actual) logrando una cobertura previsional del casi 100%. Además, en 2009, se creó la asignación universal por hijo para más de 4 millones de personas, que también fue abarcado por la ANSES. En simultáneo, el FGS creció notablemente hasta la actual cifra récord.

Uno de los argumentos principales para justificar el ajuste sobre jubilados pensionados y beneficiarios de la AUH tiene que ver con la sustentabilidad. Para Cambiemos, el sistema actual fue quebrado por la incorporación de 3,5 millones de nuevos jubilados durante el gobierno anterior y de la Asignación Universal por Hijo en esa lógica ya no quedan más fondos para repartir entre tanto millones de personas, que hoy reciben diferentes asignaciones de ANSES. ¿Es así?

El Dr. Christian D´Alessandro destacado abogado previsionalista y estudioso del tema, sostuvo que “en alianza con los medios hegemónicos de comunicación el gobierno inventó que había una crisis del sistema previsional y que al poco tiempo empezaron a producirla realmente ellos. Ese modelo implica un mecanismo de ajustes jubilatorio, con límites de aumentos atados a la inflación o menores a ella, y complemento con asignaciones privadas. En definitiva, quieren volver al sistema de jubilación privada en la Argentina.” Según el último informe, del segundo semestre de 2017, la ANSES cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad – su nombre explica su sentido – valuado en 60.161 millones de dólares. Su crecimiento interanual fue de 14,2% en dólares. En pesos, el fondo alcanzó un valor de $ 998.579 millones, con una variación del 27,6% interanual. Es decir, le ganó a la inflación en cualquier moneda. Para ver la dimensión del tamaño del FGS se lo puede comparar con las reservas del Banco Central, que hoy están en 53 mil millones de dólares. Según el Gobierno y los medios, es una cifra “récord”. Como sea, la ANSES cuenta con 8 mil millones de dólares más que la principal entidad financiera del país. En reiteradas oportunidades, el Gobierno manifestó que el FGS no es sustentable por el aumento de la expectativa de vida de las personas y los cambios en el mundo laboral. Sin embargo, ahora el mismo gobierno toma recursos para financiarse. Solo el año pasado, tomó más de 2 mil millones de dólares del FGS para financiar el gasto corriente además de utilizarlo para negocios propios de los amigos del poder como la venta de las acciones que poseía el FGS en Petrobras a Pampa Energía ( Marcelo Mindlin, dueño de EDENOR) a $11,85 la acción luego de lo cual en poquísimo tiempo su valor se elevó a $18. Hecho que se encuentra bajo investigación judicial por el juez Claudio Bonadío que citó a indagatoria al titular de ANSES Emilio Basavilbaso para el 7 de agosto pero llamativamente la dejó en suspenso.

Momentos muy oscuros se presagian para el pueblo argentino si el Congreso y la movilización popular no logran frenar el avance en el avasallamiento de sus derechos.