Contraloría respondió a De Godos: «atropella la institucionalidad»

Choele Choel.- El Tribunal de Contralor brindó ayer una conferencia de prensa luego de la polémica protagonizada con el Secretario de Hacienda y Finanzas de la comuna, Javier de Godos, quien los había invitado a tramitar con urgencia consultas profesionales de la salud mental. «Están padeciendo algún trastorno psíquico», dijo en una nota dirigida al presidente del tribunal, Nicolás Caruso.

Luego de una introducción de Caruso, se leyó una nota en la que se expresó que el empleo de términos agraviantes e injuriantes y hasta discriminatorios por parte del Secretario de Hacienda, además de tratar de panfleto o folleto de manera despectiva por una actuación administrativa emitida por parte de uno de los poderes del estado, es objeto del mayor de los repudios y también es un atropello a la institucionalidad ya que afecta la relación entre los poderes.

La reacción de De Godos levantó la polémica

El Tribunal aclaró que para  los casos que no están expresamente contemplados en la Carta Orgánica, se utiliza el criterio definido por las leyes nacionales. «Tenemos facultades de control de legalidad y asesoramiento», apuntaron y explicaron que se ocupan del control de la legalidad de los expedientes que llegaron del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos del conflicto estuvo asociado a la interpretación sobre la ejecución presupuestaria. Se apuntó que desde la Contraloría se aprueba el estado de ejecución presupuestaria. Eso implica controlar en qué se aplican los fondos municipales. «Pero es sólo una parte de todo el ciclo presupuestario», indicaron. La aclaración se hizo porque De Godos cuestionó que primero aprobaron la ejecución presupuestaria y luego llegaron observaciones.

Sobre las compras y contrataciones, se consideró que hay que entender que todas las contrataciones del Estado deben tienen por objeto el aprovisionamiento oportuno, eficiente y eficaz al menor costo y la mejor calidad posible. Apuntaron que nunca se suspendió a ningún proveedor. Y marcaron una diferencia con De Godos sobre la responsabilidad del control del Municipio como órgano de control. «Planteamos que los datos contenidos en las facturas no se corresponden con la base de datos de AFIP, no son verdaderos», apuntaron desde el Tribunal y repitieron que, a diferencia de lo que señaló De Godos, el municipio es el principal órgano de control.


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