DIPUTADOS LIBERTARIOS

| 08/02/2024

Presentan un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Presentan un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En medio de una fuerte controversia, diputados libertarios de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en diciembre de 2020.

Este proyecto, que lleva las firmas de seis diputados libertarios, entre ellos el jefe de bloque Oscar Zago, busca eliminar la no punibilidad en casos de violación y establece restricciones más estrictas para el acceso al aborto. Sin embargo, su autora, la diputada Rocío Bonacci, aclaró que se trata de una iniciativa suya y no del Gobierno nacional.

El expediente, que fue cargado en el sistema el pasado lunes, ha generado un gran revuelo en la opinión pública. A pesar de que recién trascendió este miércoles, el proyecto viene a sumarse a la polémica generada por la reciente derrota legislativa de la Ley de Bases y la reunión del presidente Javier Milei con el papa Francisco.

En su propuesta, los diputados libertarios no solo buscan derogar la Ley 27.610, que permite la IVE desde enero de 2021, sino que también pretenden limitar el acceso a los abortos que estaban permitidos por el Código Penal previo a la aprobación de la norma. Antes de la IVE, el aborto no era punible en casos de violación o cuando existía un riesgo para la salud integral de la persona gestante. Sin embargo, el proyecto libertario solo permite la interrupción del embarazo en caso de "peligro inminente para la vida de la madre, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

En caso de ser aprobado, el proyecto establece duras penas para aquellos que realicen un aborto sin consentimiento de la mujer. La pena puede llegar a ser de tres a diez años de prisión, y en caso de que el aborto resulte en la muerte de la mujer, la pena se eleva a quince años. En el caso de un aborto realizado con el consentimiento de la mujer, la pena será de uno a cuatro años, y si también resulta en la muerte de la mujer, la pena se elevará a seis años. Además, se propone la derogación del artículo 85bis, que prevé penas a funcionarios de salud que se nieguen a practicar abortos en los casos legalmente autorizados.

El proyecto también busca modificar el artículo 86, que se refiere a los profesionales de la salud encargados de realizar el aborto, y propone sanciones para aquellos que abusen de su posición para causar el aborto o cooperen en su realización.

Ante la polémica que ha generado este proyecto, la diputada Bonacci ha aclarado que se trata de una iniciativa personal y no del Poder Ejecutivo -pese a que tiene la firma de Zago y eso lo convierte en un proyecto del bloque-. Sin embargo, la presentación de este proyecto ha abierto un intenso debate en la sociedad sobre el acceso al aborto y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.

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