El Tribunal Oral Federal Nº 2 ha realizado un firme pronunciamiento en el caso Vialidad, destacándose por su trascendencia y magnitud económica. La sentencia, dictada este martes, condena a Cristina Kirchner junto a otros ocho implicados, a desembolsar un total de casi $685.000 millones antes de finalizar el mes de julio.
Este fallo, que no solo sobrepasa en cifras sino también en impacto social y mediático, establece un plazo de diez días hábiles para que se concrete el pago íntegro. De lo contrario, se habilitaría la ejecución de los bienes embargados de los condenados como mecanismo para garantizar el decomiso económico.
Cristina de Kirchner encabeza la lista de políticos y empresarios implicados, entre los cuales se encuentran nombres de fuerte resonancia como Lázaro Báez y José López, entre otros. Todos ellos deberán asegurarse de que la avultada cifra, que asciende a exactos $684.990.350.139,86, sea prontamente depositada en una cuenta judicial en el Banco Nación, administración esta que recaerá directamente sobre el tribunal respectivo.
Uno de los aspectos que genera incertidumbre entre los involucrados y su defensa es la falta de claridad sobre cómo será distribuido el monto entre cada uno de los condenados, ya que el tribunal no ha dictaminado, hasta ahora, especificaciones sobre estas proporciones. La única certeza es que se trata de uno de los decomisos más voluminosos dictados hasta el momento, acompañado de claras medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la sentencia, incluyendo la posibilidad de decomiso en caso de incumplimiento.
En paralelo al avance en las vías judiciales, los perjudicados ya cuentan con embargos sobre sus bienes, instrumentos jurídicos que se ratifican ante cada incumplimiento o inacción en torno al pago exigido. Esta determinación refuerza el mandato instado al Ministerio Público Fiscal para que intensifique sus investigaciones e identificaciones sobre bienes que pudieran ser objeto de cobro en el marco legal de dicho sector.
En otro ámbito de la sentencia, la expresidenta Cristina Kirchner continúa cumpliendo su condena bajo estrictas medidas de prisión domiciliaria en Constitución, Buenos Aires; situación que fue reafirmada por la reciente resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
La Cámara, dirigida por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, resolvió mantener las actuales condiciones de la detención domiciliaria, apoyadas en un informe socioambiental favorable. Este usufructo contrarió a la fiscalía, que postula una prisión efectiva, mostrando la clara división de criterios en un proceso tan intricado como controvertido.