La Legislatura aprobó un nuevo marco para las transfusiones de urgencia

La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta y por mayoría el proyecto que establece cómo deberán actuar los equipos de salud ante una situación especialmente compleja: pacientes que llegan en estado crítico y cuya atención puede requerir una transfusión de sangre, pero que por motivos religiosos o de conciencia han expresado su negativa a recibirla.

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La iniciativa, impulsada por el bloque CC ARI-Cambiemos, apunta a ordenar una situación que hasta ahora podía dejar a los profesionales frente a decisiones difíciles y con poco margen de tiempo. El problema se presenta, sobre todo, cuando la persona no está en condiciones de expresar su voluntad y sus familiares plantean objeciones al tratamiento en función de sus creencias.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, sostuvo que el objetivo no es avanzar sobre la autonomía de los pacientes, sino establecer herramientas que permitan respetar sus decisiones y, al mismo tiempo, dar respaldo a los médicos que deben intervenir en situaciones de urgencia. La norma busca así encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y la obligación de los equipos de salud de actuar ante un riesgo grave para la vida.

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación del Registro Provincial de Directivas Anticipadas. Allí, cualquier ciudadano podrá dejar asentada de manera formal su decisión de no recibir transfusiones por motivos religiosos o de conciencia. Antes de realizar el procedimiento, los efectores de salud deberán consultar ese registro para verificar si existe una directiva previa, válida y vigente.

La norma también establece qué hacer cuando no hay una constancia de ese tipo. Si el paciente se encuentra ante un riesgo de vida inminente, no puede manifestar su voluntad y no existe una negativa registrada que cumpla con los requisitos previstos, el equipo médico podrá realizar la transfusión, priorizando la preservación de la vida. En cambio, cuando exista una decisión expresa y actualizada del paciente, esa voluntad deberá ser respetada. Para los adolescentes de entre 16 y 18 años, si el rechazo del tratamiento implica un peligro inmediato para su supervivencia, se prevé además la intervención judicial.

La aplicación de la nueva ley quedará en manos del Ministerio de Salud de Río Negro, que deberá poner en funcionamiento el registro, capacitar a los equipos sanitarios y promover alternativas a las transfusiones cuando sean médicamente posibles. También tendrá a su cargo acciones de sensibilización para que la comunidad conozca la posibilidad de dejar asentadas sus decisiones con anticipación y evitar que una situación de emergencia termine convirtiéndose, además, en un conflicto sobre la voluntad del paciente.