Qué pasará con los alquileres y el comercio exterior si derogan el mega DNU 70/2023

El discutido Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, promulgado por Javier Milei en su gestión como presidente, viene marcando un punto álgido en la agenda política y económica de Argentina desde su implementación.

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Aunque el Senado ya había mostrado su rechazo en 2024, ahora toda la atención está centrada en la Cámara de Diputados, que está acelerando los pasos para su derogación definitiva. Mientras los debates públicos están en plena ebullición, diversos sectores económicos miran con expectación lo que podría significar su eventual eliminación.

Una de las principales preocupaciones que surge con la posible derogación del DNU 70/2023 es el estado de los contratos de alquiler en el país. Este decreto había quitado la obligatoriedad de plazos mínimos y tipos de moneda en esos acuerdos, delegando prácticamente todo a la discrecionalidad de las partes involucradas.

Una reversión implicaría el retorno al régimen anterior, en donde los contratos cuentan con un plazo mínimo establecido por ley y pautas más rígidas sobre los métodos de ajuste. "Este vacío legal podría dar lugar a un entorno caótico para los inquilinos y propietarios", advierte el informe analizado por Zentrix.

En cuanto a la salud privada, el impacto de la derogación del decreto podría ser igual de significativo. Toda la estructura que permitía aumentos autónomos en las cuotas de las prepagas vería comprometida su continuidad, posiblemente regresando a un escenario donde las autorizaciones gubernamentales son necesarias para cada cambio de tarifa.

Además, quedaría nuevamente en tela de juicio la habilitación para que trabajadores deriven sus aportes a las prestadoras privadas de su elección, lo que afectaría la previsibilidad y el poder de elección del consumidor.

El ámbito del comercio exterior también aguarda consecuencias trascendentales. En su etapa actual, el poder regulador sobre exportaciones e importaciones solo puede ejercerse a través de ley del Congreso, pero la derogación potencial del DNU implicaría devolver tal autoridad al Poder Ejecutivo vía decretos. Esto podría reinstalar obstáculos como registros obligatorios y retenciones, prácticas que históricamente han complicado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

Pero el panorama económico no termina allí. Regresar al estado anterior del sistema normativo afecta de manera transversal a industrias que van desde la agrícola, con sus necesaria regulaciones en el precio de referencia de la yerba mate, hasta el capítulo correspondiente al comercio local, reinstalando topes en aranceles de las tarjetas de crédito y circunstancias que historias consideradas discretas ahora suman un escenario diferente al presente.

En conclusión, el informe destaca que los efectos no generarán un colapso macroeconómico inmediato, pero repercusiones mes a mes siguen afectando a los gastos usuales de los hogares argentinos y las decisiones empresariales a largo plazo.

Hasta que una norma transicional defina quién toma qué rol y competencia reguladora, "el mayor trauma continuará siendo la incertidumbre legal desencadenada entre un marco regulador y otro", sentencia el documento.

La verdadera cuestión de fondo radica indicada "en cómo se institucionalizan las futuras reglas de juego", independientemente de si la legalidad del actual decreto continua o no.