VIOLENCIA DE GÉNERO

Imputaron a un policía por agredir a su pareja frente a su hija en Choele Choel y le prohibieron acercarse a la víctima

Un empleado policial de 28 años fue imputado por un episodio de violencia de género ocurrido durante una discusión que se extendió por aproximadamente nueve horas. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, pero el juez de Garantías dispuso medidas cautelares alternativas, entre ellas la prohibición de ingresar a la localidad donde reside la mujer.

Un empleado policial de 28 años fue imputado por lesiones leves doblemente agravadas en un contexto de violencia de género, luego de ser acusado de agredir física y verbalmente a su pareja durante una discusión que se prolongó durante aproximadamente nueve horas. El episodio ocurrió en presencia de la hija que ambos tienen en común.

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La formulación de cargos se realizó en el ámbito de la Justicia de Choele Choel, con la intervención de la fiscal Analía Álvarez, quien detalló que los hechos investigados se desarrollaron entre las 17:00 del lunes y las 2:00 de la madrugada del martes.

Según la acusación fiscal, durante ese período el hombre habría insultado y golpeado a su pareja, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves.

"En el marco de una discusión que se prolongó alrededor de 9 horas, el imputado insultó y golpeó a la víctima. Producto de eso, ella sufrió heridas caracterizadas como leves", explicó Álvarez durante la audiencia.

La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género, mediante agresiones físicas y verbales, y destacó que la hija de la pareja estuvo presente durante el episodio.

A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

La acusación se encuadra en los artículos 89 y 92 del Código Penal, en función del artículo 80, inciso 1.º, y el artículo 45, además de contemplar las disposiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Entre las pruebas presentadas para respaldar la imputación se encuentran la denuncia penal de la víctima, entrevistas a testigos y personas de su entorno, un informe del Gabinete de Criminalística y la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que se dispusiera la prisión preventiva del imputado, al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Para fundamentar el pedido, Álvarez mencionó el nivel de conflictividad de la relación, los indicios de violencia psicológica identificados por la OFAVI, la modalidad de las agresiones físicas, la presencia de la hija durante el episodio y la situación de vulnerabilidad de la denunciante.

Por su parte, el defensor penal público Mario Orlandini se opuso a la prisión preventiva y argumentó que el acusado había fijado un nuevo domicilio en otra localidad.

También sostuvo que el sostenimiento económico de la hija depende principalmente del trabajo del imputado, por lo que una eventual privación de la libertad podría afectar esa situación.

Como alternativa, la Defensa propuso establecer una prohibición de ingreso a la localidad donde reside la víctima, una prohibición de acercamiento y la imposibilidad de realizar actos molestos o establecer contactos por cualquier medio.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, pero no hizo lugar al pedido de prisión preventiva.

En su resolución, el magistrado dispuso aplicar las medidas cautelares alternativas propuestas por la Defensa, por lo que el empleado policial deberá cumplir con las restricciones de ingreso, acercamiento y contacto establecidas judicialmente.

De esta manera, la investigación penal continuará mientras permanecen vigentes las medidas destinadas a proteger a la denunciante.

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