Reformularon los cargos contra dos médicos por la muerte de un bebé durante el parto en Río Colorado

La audiencia se realizó este martes, de manera virtual vía Zoom, ante el Juzgado de Garantías de Choele Choel. Allí, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Fiscal Matías Álvarez Reynolds, solicitó la reformulación de cargos contra el obstetra Rodolfo Andrés Di Maggio y la médica Luciana Daniela Torres, en el marco de la causa que investiga la muerte de Dylan Lastra, ocurrida durante un parto en el Hospital José Cibanal de Río Colorado, el 17 de junio de 2025. 

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Según la nueva acusación fiscal, Di Maggio habría obligado a Celia Inés García a realizar un parto vaginal, pese a tratarse de un embarazo de 41 semanas considerado de alto riesgo y a que la paciente había solicitado previamente una cesárea. La fiscalía sostuvo que el obstetra realizó maniobras de presión sobre el abdomen de la mujer, conocidas como maniobra de Kristeller, que están desaconsejadas por los protocolos vigentes. 

La acusación señala también que Torres, quien se encontraba de guardia como médica ginecológica, tomó conocimiento de la situación y de las maniobras que se estaban realizando, pero no habría asumido la conducción del parto ni dispuesto una cesárea de emergencia. 

Finalmente, a las 12:48, se produjo el nacimiento sin vida del bebé, que pesaba 4.400 gr.

El fiscal detalló además una serie de presuntos incumplimientos de la normativa nacional y provincial vinculada con los derechos de las personas gestantes, la atención del parto y las obligaciones del personal médico. Entre otros aspectos, señaló irregularidades en los registros de la historia clínica, falta de controles continuos de los latidos fetales y la ausencia de documentación sobre la placenta. 

Por su parte, el abogado querellante Miguel Ángel Flores, quien representa a Celia García y a Jonathan Lastra, acompañó el planteo de la fiscalía y profundizó en las obligaciones profesionales, que, según sostuvo, habrían incumplido ambos médicos. 

Hizo especial referencia a la prohibición de realizar presión fúndica durante el período expulsivo y a los deberes de supervisión y control que tenía la médica ginecológica. 

Las defensas particulares, a cargo de Federico Rapazzo, por Di Maggio, y Luis Minieri, por Torres, cuestionaron la nueva calificación legal y rechazaron la reformulación de cargos.

Rapazzo sostuvo que la conducta atribuida a su defendido había sido planteada dede el inicio como culposa y que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público exige una conducta dolosa. Por ese motivo, volvió a solicitar el sobreseimiento definitivo.

Minieri, en tanto, dejó constancia de que no compartía el relato de los hechos ni la calificación propuesta por la acusación, aunque adhirió al plazo de investigación solicitado.

Al resolver, el juez de garantías Roberto Gaviña Sánchez consideró que la fiscalía había descripto suficientemente las conductas atribuidas a cada uno de los imputados y fundamentado los presuntos incumplimientos normativos en relación con sus respectivas intervenciones. En consecuencia, tuvo por reformulados los cargos bajo la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica, en calidad de autores, y rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Di Maggio.

Finalmente, dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria por un plazo de dos meses. Ambos profesionales permanecerán en libertad, con las medidas de conducta que ya tenían impuestas: deberán informar cualquier cambio de domicilio y no podrán salir del país sin autorización judicial.

La causa continuará ahora con la investigación de los hechos y la producción de las medidas de prueba pendientes.