PROYECTO DE LEY

Río Negro busca aplicar fuertes multas y arrestos por dañar alambrados, bombas y maquinaria en campos

Legisladores provinciales presentaron un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales o provoquen daños en instalaciones productivas. La iniciativa contempla multas de hasta 40.000 unidades de multa, arrestos y restricciones de ingreso, además de penas agravadas en determinadas circunstancias.

La Legislatura de Río Negro recibió un proyecto de ley que propone establecer multas, arrestos y otras sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales o dañen instalaciones vinculadas con la producción agropecuaria, como alambrados, bombas de agua, silos, maquinarias y sistemas de riego.

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La iniciativa fue presentada por los legisladores María Laura Frei y Juan Martín, del bloque PRO Unión Republicana, y busca incorporar un nuevo capítulo al Código Contravencional de la provincia, con el objetivo de reforzar la protección del patrimonio productivo rural.

La propuesta adquiere especial relevancia para regiones como el Valle Medio, donde las actividades agrícolas, frutícolas y ganaderas representan una parte fundamental de la economía y dependen del funcionamiento de instalaciones, equipamiento y sistemas de producción.

Según explicaron los autores del proyecto, la legislación vigente presenta limitaciones para abordar determinadas situaciones que afectan a los establecimientos rurales, por lo que consideran necesario incorporar herramientas específicas para sancionar estas conductas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece multas de entre 1.000 y 10.000 unidades de multa (UM) para quienes ingresen a un predio rural sin autorización o contra la voluntad de sus responsables.

Como alternativas, el proyecto contempla trabajos comunitarios de entre 30 y 120 días o la prohibición de concurrir al establecimiento por un período de hasta seis meses.

Sin embargo, el texto también establece excepciones para situaciones justificadas, como ingresos motivados por una emergencia, la necesidad de auxiliar a personas o animales, o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente los límites del establecimiento respecto de la vía pública.

Las sanciones más severas están previstas para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes destinados a la producción agropecuaria, siempre que estas acciones afecten el ciclo productivo.

En estos casos, la iniciativa propone multas de entre 6.000 y 40.000 unidades de multa y/o días de arresto, sin perjuicio de la obligación de reparar integralmente los daños ocasionados.

Entre los bienes protegidos se incluyen cultivos, ganado, leña, maquinarias, alambrados, silos, reservas de agua y paneles solares, aunque los legisladores aclararon que la enumeración no es excluyente y podría comprender otros elementos vinculados con la actividad rural.

En los fundamentos de la propuesta se advierte que los daños ocasionados en un establecimiento agropecuario pueden generar consecuencias que van mucho más allá del valor económico de los objetos afectados.

Por ejemplo, la rotura de un alambrado puede provocar la salida de animales hacia caminos y rutas, generando riesgos para la seguridad vial, mientras que la inutilización de una bomba puede interrumpir el suministro de agua y comprometer el funcionamiento de una explotación productiva.

El proyecto también contempla agravantes que podrían elevar las sanciones hasta el triple cuando los hechos sean cometidos por tres o más personas, durante la noche, mediante el abuso de una relación laboral o cuando provoquen la interrupción de la actividad productiva.

Asimismo, se propone incorporar una disposición general sobre reincidencia al Código Contravencional, considerando reincidente a quien cometa una nueva contravención dentro de los dos años posteriores al cumplimiento de una sanción anterior.

En estas situaciones, la autoridad judicial podría incrementar las penas hasta el doble o el triple, de acuerdo con las circunstancias previstas en la normativa propuesta.

Otro aspecto de la iniciativa establece que las tentativas también podrán ser sancionadas cuando hayan generado un peligro concreto, aun cuando el daño no llegue a concretarse.

Los legisladores sostienen que este tipo de hechos no solamente perjudica a los propietarios de los establecimientos, sino que también puede afectar fuentes laborales, procesos de producción y el abastecimiento de bienes, motivo por el cual consideran necesario que estas infracciones sean de acción pública.

De avanzar en su tratamiento legislativo y obtener la aprobación correspondiente, Río Negro podría incorporar un régimen específico de sanciones para proteger el patrimonio rural, con herramientas destinadas a prevenir y castigar conductas que comprometan el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Por el momento, se trata de un proyecto de ley presentado ante la Legislatura provincial y no de una normativa ya aprobada, por lo que las sanciones propuestas todavía no se encuentran vigentes bajo este nuevo régimen.

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