Casos insólitos en el Estado rionegrino: por qué despidieron a casi 100 empleados públicos

El Gobierno de Río Negro ratificó su política de control y sanción dentro de la administración pública provincial. Según informó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, desde el inicio de la gestión en enero de 2024 se registraron casi 100 cesantías y alrededor de 500 suspensiones a empleados estatales por distintas faltas disciplinarias.

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La funcionaria explicó que las sanciones forman parte de un proceso administrativo que incluye investigación, derecho a defensa y evaluación por parte de la Junta de Disciplina. “No es una cuestión arbitraria ni autoritaria. Los empleados tienen la posibilidad de presentar pruebas y defenderse. Es un sistema que busca ser justo y objetivo”, sostuvo.

Lastra indicó que, en lo que va de 2026, ya se registraron las primeras cesantías tras las reuniones de la Junta de Disciplina realizadas en los primeros meses del año. En paralelo, también se dictaron apercibimientos, suspensiones de entre uno y 30 días, absoluciones y el archivo de expedientes que no reunían los elementos suficientes para avanzar.

Entre las faltas más comunes que derivan en sanciones graves se encuentran el abandono prolongado del puesto de trabajo, el maltrato a ciudadanos o compañeros, negligencia en el desempeño laboral y conductas incompatibles con la función pública. También se contemplan exoneraciones —la sanción más severa— en casos vinculados a condenas judiciales o delitos.

“Las cesantías muchas veces se dan por abandono del servicio durante largos períodos, incluso meses o años sin asistir al trabajo. También hay situaciones de maltrato hacia personas que están bajo el cuidado del Estado, como niños, niñas, adolescentes o adultos mayores”, explicó la secretaria.

En ese sentido, señaló que las áreas donde se registran más sanciones son Salud y Desarrollo Social, especialmente en organismos donde los trabajadores tienen a su cargo poblaciones vulnerables. “Cuando hay una falta contra un niño o un adulto mayor, la sanción es inmediata. En esos casos no hay contemplación”, afirmó.

Lastra también mencionó situaciones llamativas detectadas durante los procesos disciplinarios. Entre ellas, el caso de un empleado que envió a un amigo —una persona ajena al Estado— a cumplir sus tareas en un centro de salud, y otro episodio en el que un trabajador se negó a subir a un paciente a una ambulancia.

Asimismo, recordó el caso de un médico que utilizó un quirófano del hospital para operar a su propia esposa, hecho que derivó en sanciones pese a que intentó resarcir económicamente al Estado. “El dinero no repara ese tipo de acciones”, remarcó.

La funcionaria adelantó además que podrían surgir novedades en una causa judicial vinculada al uso de certificados médicos falsos por parte de empleados públicos. Según explicó, hay audiencias previstas que involucran tanto a trabajadores como a profesionales de la salud que habrían extendido esos certificados.

En cuanto a las sanciones, Lastra aclaró que la exoneración implica la expulsión definitiva del Estado, mientras que un empleado cesanteado podría eventualmente volver a ingresar a la administración pública luego de cinco años, aunque sin garantía de reincorporación.

“La premisa que nos marcó el gobernador es ordenar el Estado y valorar al empleado público que cumple con su trabajo. Todos los trabajadores del Estado son servidores públicos y deben responder por el salario que reciben”, concluyó.

Fuente: Cipo360