Proponen crear en Río Negro una Defensoría de las Personas Mayores cuyo titular sea elegido por los jubilados

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone la creación de una Defensoría de las Personas Mayores, un organismo destinado a recibir reclamos, brindar asesoramiento y defender los derechos de los adultos mayores frente a situaciones que involucren a organismos públicos y entidades privadas.

Leer también: "Bomberos de Coronel Belisle impulsan un taller de lengua de señas para mejorar la atención en emergencias"

La iniciativa fue impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, quien retomó una propuesta que había ingresado al Parlamento provincial durante 2024.

Una de las principales particularidades del proyecto es que el titular de la Defensoría sería elegido mediante el voto directo de los integrantes de los centros de jubilados, buscando que el sector tenga participación en la designación de su representante.

Un organismo para centralizar los reclamos

En los fundamentos de la propuesta, Delgado Sempé advierte sobre las dificultades que enfrentan muchas personas mayores al momento de realizar denuncias o reclamos relacionados con sus derechos.

Según plantea el legislador, actualmente los adultos mayores deben recurrir a diferentes organismos dependiendo del problema que atraviesen.

Por ejemplo, los reclamos ante instituciones públicas pueden canalizarse a través de la Defensoría del Pueblo, mientras que los inconvenientes con bancos o empresas privadas corresponden a organismos de Defensa del Consumidor. En situaciones de estafas o violencia familiar, deben intervenir las autoridades judiciales.

Para el autor del proyecto, esta diversidad de procedimientos puede generar confusión y dificultades de acceso a las herramientas de protección disponibles.

Por ese motivo, la iniciativa propone concentrar la recepción y el acompañamiento de los reclamos en un organismo especializado, que pueda orientar y representar a las personas mayores.

Cómo se elegiría al defensor y cuánto duraría su mandato

El proyecto establece que la Defensoría estaría destinada a proteger los derechos de personas mayores de 60 años.

Para ocupar el cargo, el defensor debería ser argentino, jubilado o pensionado y acreditar conocimientos y especialización en la protección de los derechos de las personas mayores.

Además, se contemplan las siguientes condiciones:

• Mandato de cuatro años para quien resulte elegido.

• Elección mediante voto directo de integrantes de centros de jubilados.

• Incompatibilidad con otras funciones públicas y con actividades políticas partidarias.

• Remuneración equivalente a la de un legislador provincial.

La propuesta también contempla la designación de dos defensores adjuntos y un delegado por cada circunscripción judicial, con el objetivo de extender la atención a distintas regiones de Río Negro.

Asesoramiento legal y atención gratuita

Entre las atribuciones previstas para el nuevo organismo se encuentra la posibilidad de presentar acciones judiciales individuales o colectivas, a solicitud de las personas mayores, e intervenir en instancias de mediación y conciliación.

También se propone implementar un servicio telefónico gratuito y permanente para recibir consultas y reclamos, además de la atención presencial.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de que los jubilados y pensionados cuenten con representación mediante un asesor legal para realizar reclamos ante organismos provinciales o nacionales, evitando que deban afrontar determinados costos de asistencia jurídica.

La iniciativa establece que la Defensoría tendría su sede en la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, aunque podría contar con representantes en otras zonas de la provincia.

Financiamiento y control legislativo

En caso de convertirse en ley, el funcionamiento del organismo dependería de los recursos que se asignen desde el Poder Legislativo provincial, que debería contemplar las partidas presupuestarias necesarias.

Asimismo, la Defensoría tendría la obligación de presentar un informe anual ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura, detallando su actividad y las intervenciones realizadas.

Por el momento, se trata de una propuesta legislativa que deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario, por lo que la creación del organismo y su puesta en funcionamiento todavía no están definidas.

El proyecto busca incorporar una herramienta específica de representación y acompañamiento para jubilados, pensionados y personas mayores de toda la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a mecanismos de protección de sus derechos.