Proyecto para exigir certificados psicofísicos a funcionarios aún no se trata en el Concejo de Choele Choel
El concejal Darío Castro presentó en 2024 un proyecto de ordenanza que propone establecer la obligatoriedad de un certificado de aptitud psicofísica para todos los funcionarios y candidatos a cargos electivos y designados de la Municipalidad de Choele Choel, el Concejo Deliberante y la Contraloría, incluyendo a quienes ocupen puestos hasta el rango de Director. Pese a su alcance institucional, la iniciativa aún no ha sido tratada en el Concejo.
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El texto se fundamenta en la Ley Provincial Nº 3550 y en los artículos 73 inciso 1 y 74 de la Carta Orgánica Municipal. Castro argumenta que la medida busca “garantizar transparencia y aptitud comprobada en quienes representan a la comunidad”, en línea con las normas nacionales, provinciales y municipales vinculadas a la Ética Pública.
El proyecto también pone el foco en “la salud de toda la clase política” y sostiene que el Concejo Deliberante debe “predicar con el ejemplo”, promoviendo reglas claras, conducta responsable y compromiso con los vecinos.
“Para nosotros es importante que sea aprobado lo antes posible, para que se pueda hacer efectivo en las elecciones de 2027”, señaló Castro.
Contenido del proyecto
La iniciativa establece que, a partir del año 2027, todos los funcionarios y candidatos deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica. Los estudios se realizarán en un hospital público, y deberán repetirse cada dos años durante el ejercicio del cargo.
Los exámenes obligatorios incluyen: evaluación psiquiátrica y psicológica, rinoscopia y análisis completos de orina y sangre.
En caso de que se detecte consumo de drogas ilegales, el proyecto prevé la apertura de un sumario administrativo con las debidas reservas, garantizando al funcionario el derecho a ser notificado, ejercer su defensa y apelar si considera que el resultado es incorrecto.
Si el laboratorio confirma de manera fehaciente una adicción, el funcionario deberá tomar licencia sin goce de haberes por 6 meses, período en el cual deberá iniciar un tratamiento de rehabilitación y acreditar avances para poder reincorporarse.
La ordenanza también establece que el Poder Ejecutivo Municipal deberá designar la autoridad de aplicación y que esta contará con 120 días desde la promulgación para elaborar el protocolo correspondiente.
Finalmente, el proyecto aclara que los gastos derivados de su implementación deberán imputarse al ejercicio presupuestario correspondiente.