Productor no pudo retirar su ganado por conflicto contractual y perdió 31 vacas: deberán indemnizarlo

Un productor ganadero denunció la desaparición de 23 vacas, 4 terneras y 4 terneros de un campo en La Pampa, luego de que se le impidiera el ingreso al predio tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento. La Cámara Civil de Roca ratificó recientemente la sentencia de primera instancia que responsabilizó a la propietaria del establecimiento y la condenó a pagar más de 36 millones de pesos por el daño ocasionado.

El terreno, de 1.515 hectáreas, había sido alquilado para explotación ganadera en 2017, con plazo de finalización en julio de 2020. El acuerdo fijaba un límite de animales y establecía el precio del alquiler en kilos de carne, según la cotización del mercado de Liniers.

Aunque el contrato venció, el productor siguió ocupando el campo con consentimiento tácito de la arrendadora, quien incluso recibió pagos posteriores. Sin embargo, la relación se quebró abruptamente: la dueña cambió el candado de la tranquera, cedió el campo a un nuevo ocupante y bloqueó el acceso.

El productor denunció que nunca pudo retirar su hacienda. Informes del Senasa  confirmaron que, meses después del vencimiento del contrato, los animales todavía estaban dentro del predio y registrados a su nombre. En febrero de 2021 incluso fueron vacunados oficialmente. Pero cuando se intentó constatar nuevamente su presencia, ya no estaban. El organismo sanitario dio de baja al rodeo y cerró el registro.

El hombre inició una demanda por daño emergente, lucro cesante y daño moral, señalando que la pérdida fue millonaria y que incluso fue intimado por Senasa por no poder cumplir con sus obligaciones sanitarias.

La defensa de la arrendadora argumentó que el productor debió haber retirado los animales al finalizar el contrato, y presentó una contrademanda por incumplimiento contractual, que fue rechazada. El juzgado entendió que los pagos posteriores estaban acreditados y que el conflicto se originó en la conducta de la propietaria al impedir el acceso.

La Cámara Civil confirmó íntegramente el fallo. Destacó que había prueba suficiente sobre la existencia, permanencia y desaparición del ganado: actas, constancias sanitarias, informes oficiales y testimonios.

Para los jueces, la clave fue la inacción de la arrendadora: bloqueó el campo, entregó las llaves a un tercero y luego se desentendió por completo del ganado que seguía adentro.

El tribunal también avaló la indemnización por daño moral, señalando que el productor no solo perdió su capital, sino que además quedó impedido de trabajar con los animales y debió enfrentar consecuencias administrativas sin haber tenido responsabilidad en los hechos.