Londres se queda sin operadoras para su yacimiento en las Islas Malvinas

A menos de 48 horas del anuncio presidencial que endurece las sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas, el proyecto petrolero Sea Lion —la única explotación offshore con decisión final de inversión ya tomada en el archipiélago— empezó a sentir el impacto: SLB, Halliburton y Baker Hughes, que juntas concentran más de la mitad del mercado mundial de servicios petroleros, descartaron participar de cualquier trabajo vinculado a las islas, y las acciones de Rockhopper y Navitas Petroleum, las dos empresas que están detrás del proyecto, cayeron con fuerza en Londres y Tel Aviv.

Todo comenzó el jueves por la noche, en cadena nacional, cuando el Presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas para "disuadir a los actores estatales y no estatales" que a su juicio violentan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas: un decreto para acelerar las sanciones ya previstas por la Ley 26.659 contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a la explotación de hidrocarburos en las islas, y el anuncio de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que ingresará al Congreso la semana próxima. Habitualmente, este tipo de anuncios diplomáticos tardan meses en traducirse en algo tangible. Esta vez, el primer efecto llegó en horas.

Las tres grandes se bajan

La reacción más rápida y con mayor peso específico llegó del segmento que sostiene, en los hechos, cualquier operación petrolera compleja: las compañías de servicios. SLB (ex Schlumberger) , Halliburton y Baker Hughes emitieron comunicados descartando participar en licitaciones o trabajos vinculados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas o en sus espacios marítimos circundantes.

Sin esas tres compañías —o alguna de escala equivalente dispuesta a asumir el riesgo reputacional y legal frente a la Argentina—, cualquier desarrollo offshore complejo como Sea Lion queda, en la práctica, sin buena parte de la cadena de proveedores, lo cual hace imposible perforar, completar y poner en producción un pozo en aguas profundas.

Es, hasta ahora, el efecto más concreto y menos reversible del discurso presidencial: no depende de que Rockhopper o Navitas cambien de posición, sino de que el mercado de servicios —dominado por un puñado de compañías globales— decidió, al menos en sus comunicados públicos, no poner en juego su negocio en la Argentina por un proyecto en las islas.

El mercado reaccionó antes que los operadores

El viernes, al día siguiente del discurso, las acciones de las dos compañías que desarrollan Sea Lion abrieron con caídas pronunciadas. Los papeles de Rockhopper Exploration, la petrolera británica que tiene el 35% del proyecto, llegaron a desplomarse más del 10% en la Bolsa de Londres en las primeras operaciones, hasta ubicarse en 69 peniques, y cerraron la rueda con una baja de alrededor del 6,5%. Los títulos de Navitas Petroleum, la israelí que opera el yacimiento con el 65% restante, retrocedieron cerca de 2,3% en la Bolsa de Tel Aviv. Rockhopper, incluso, publicó un aviso formal ante el Regulatory News Service de Londres —el canal regulatorio que usan las empresas cotizantes para informar hechos relevantes— bajo el título "Actualización del operador Sea Lion después de los informes de los medios", una respuesta institucional que por sí sola confirma que el mercado tomó nota del anuncio argentino.

Es la primera reacción negativa, real y medible en términos financieros, que dejaron las nuevas sanciones. Y llega en un momento sensible para el proyecto: Rockhopper y Navitas habían tomado la decisión final de inversión (FID) recién en diciembre de 2025, por unos 1.800 millones de dólares para la primera fase de desarrollo, con perforación prevista para comienzos de 2027 y primera extracción de petróleo hacia 2028. Cualquier ruido sobre la seguridad jurídica del proyecto —así sea un ruido diplomático y no una sanción efectiva todavía— tiene impacto directo sobre el costo de financiamiento de una obra de esa escala.

Reacción empresaria 

La respuesta de las dos compañías no se hizo esperar y fue, en el tono, exactamente la contraria a la de las petroleras de servicios. En un comunicado conjunto, Rockhopper y Navitas remarcaron que operan con licencias "legalmente otorgadas" por el gobierno de las Islas Malvinas, que cuentan con el respaldo "total y continuo" del gobierno del Reino Unido, y que "no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto". 

El propio gobierno británico había reaccionado horas antes reafirmando que "las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes".

En ese contexto, el retiro explícito de las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo es, hasta ahora, el efecto más nítido del discurso de Milei: no cambió —al menos todavía— la posición societaria de Rockhopper y Navitas sobre Sea Lion, pero sí redujo, de manera concreta y verificable, el universo de proveedores dispuestos a poner manos y equipos sobre ese proyecto.